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Anhelada desde hace años, es una de las iniciativas estrellas tomada por la DGT desde que, a mediados del año pasado, Pere Navarro tomase los mandos del organismo. Se toma con la esperanza de que ayude a reducir la siniestralidad global de las carreteras, hasta situarla en el objetivo de 37 fallecidos por millón de habitantes, frente a los 39 que hay en la actualidad.
Por eso se ataca directamente a las vías secundarias, donde más personas mueren en accidentes de tráfico: en 2017, casi el 77% de todos los fallecidos en vías interurbanas. La velocidad inadecuada es la causa principal en el 20% de los casos. Y por la misma razón, se fija en 80 km/h el máximo permitido a camiones, furgonetas, autocaravanas y remolques ya que se considera que si el diferencial de velocidad de estos vehículos es muy grande respecto a los turismos, el riesgo de accidente se multiplica por seis. Este límite es común en la gran mayoría de los países de la Unión Europea.
Los autobuses, dada su bajísima siniestralidad, podrán desplazarse a la misma velocidad que los coches. En España tiene un ratio de fallecidos un 40% menor con respecto al ratio de la UE. Habrá una excepción: los autobuses que no tengan cinturón de seguridad no podrán circular a más de 80 km/h en estas vías.
Asimismo, desaparecen las diferencias de topes que existían entre motos y turismos. Los límites que se modifican se fijaron a principios de los años 80 del siglo pasado cuando apenas existían kilómetros en vías de alta capacidad. Cabe recordar que esta rebaja no tiene efectos encadenados con otras vías en las que existía un límite inferior. Es decir, las de 90 km/h se mantendrán con este tope, las de 80 km/h igual..
Los 90 km/h en carreteras convencionales equiparan a España con otros países de la UE como Italia, Portugal, Grecia o la República Checa. De hecho, era un viejo anhelo de Navarro, quien ya intentó sacar esta reforma adelante en 2011, pero que aparcó por las elecciones generales. También estuvo en la agenda de María Seguí, su predecesora en el cargo.
SÓLO AFECTA AL 8% DE LA RED ESPAÑOLA
La iniciativa afecta a apenas al 8% de los 148.000 kilómetros de carreteras de doble sentido que existen en España, por lo que va a venir acompañada de otras. Navarro ya dejó claro ayer que «debe haber una mayor vigilancia y control por parte de las correspondientes policías y de mejoras y actuaciones en el diseño de las infraestructuras por parte de los titulares de la vía».
En este sentido, la propia DGT ultima un endurecimiento de las sanciones por velocidad. En concreto, si hasta ahora en las vías limitadas a 90 km/h sólo se perdían puntos (y 300 euros) a partir de los 121 km/h, el objetivo es reducir ese umbral a los 111 km/h. Y el endurecimiento afectará los nuevos tramos de 90 y a todos los existentes con anterioridad. Su tramitación, no obstante, llegará más tarde ya que forma parte de una reforma más amplia de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial.
La adopción del nuevo límite ha sido bien acogida por las asociaciones de víctimas y no tanto por las de conductores, pero coinciden en que si se baja el ritmo del tráfico, pueden aumentar los adelantamientos que están en el origen de los accidentes más graves: las colisiones frontales.
Periódico Digital El Mundo
