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La medida beneficia a decenas de jóvenes que llegaron a España cuando aún eran menores de edad y que, en muchos casos, no se les había permitido trabajar hasta que se les necesitó en la etapa más crítica de la pandemia. La falta de temporeros atrapados en sus países de origen en mitad de varias campañas agrícolas, llevó al Gobierno a aprobar el pasado 7 de abril un real decreto para reclutar trabajadores entre dos principales colectivos: parados y jóvenes inmigrantes que, a pesar de estar en situación regular en España, no tenían autorización de trabajo, contaban con un permiso temporal o ya caducado.
El decreto deja este miércoles de estar en vigor y no se prorrogará, pero el Consejo de Ministros ya se había comprometido el pasado 26 de mayo a prorrogar los permisos de estos jóvenes. Faltaba concretar bajo qué requisitos. Para mantener sus autorizaciones, los jóvenes deberán haberse dedicado al menos dos meses a actividades agrarias durante la vigencia del real decreto o un mes si el contrato se interrumpió por causas ajenas al trabajador. Si no se alcanzan esos mínimos, se estudiará el caso individualmente. La instrucción requiere también que no se tengan antecedentes penales, pero es flexible en su interpretación, como ya recoge la normativa vigente, y permite valorar que se haya cumplido condena, que haya sido indultado o que la pena esté suspendida.
La Administración desconoce el número de jóvenes inmigrantes que se han empleado gracias al real decreto. Sí sabe que este colectivo ha firmado alrededor de 200 contratos, aunque la cifra contempla los casos de jóvenes que han encadenado varios trabajos en este tiempo. La cifra es modesta, un reflejo de las pocas ONG que se involucraron en el proceso y de la dificultad de los jóvenes sin apoyo institucional de sumarse por sí solos a la iniciativa.
Las trabas burocráticas cercan a los jóvenes inmigrantes extutelados a la hora de incorporarse al mercado de trabajo. La mayoría llega a los 18 años sin que las comunidades autónomas que les tutelan hayan gestionado sus documentos y los pocos que logran un permiso de residencia suele ser de carácter no lucrativo y no permite trabajar. Pasan años en centros de menores participando en formaciones pensadas para ofrecerles oportunidades laborales, pero la propia legislación les cierra la puerta al mercado laboral. “Yo pensaba que al salir del centro de menores podría empezar a trabajar, pero al cumplir los 18 años estuve más de dos semanas durmiendo en la calle”, recuerda Bilal Chakroun, un chico marroquí de 19 años que ha trabajado estos meses para tres empresarios de los frutos rojos en Huelva a 5,7 euros la hora. “El campo es durísimo, pero es lo único que podía hacer. Ahora me gustaría trabajar como carpintero, que es lo que sé hacer, pero es que con poder trabajar y ayudar a mis padres ya estoy bien”, afirma Chakroun.
Los jóvenes migrantes han recibido especial atención desde la Secretaría de Migraciones en los últimos meses. A principios de marzo ya se dictaron instrucciones para que los menores extranjeros en edad de trabajar obtuviesen con su permiso de residencia una autorización de trabajo. Esa posibilidad ya estaba contemplada en la ley, pero era una excepción y no la regla. Además, el futuro cambio del reglamento de Extranjería por el que apuesta el ministro del ramo José Luis Escrivá busca despejar obstáculos que enfrenta este colectivo adquirir y renovar sus permisos. “Creemos en el trabajo como herramienta de inclusión. Los jóvenes, independientemente de su nacionalidad, necesitan un proyecto de vida", ha declarado a EL PAÍS a secretaria de Estado Hana Jalloul. "Consideramos esencial terminar con desigualdades de base. No podemos exigir a las personas migrantes que hagan cursos y formaciones si al final del camino no les acompañamos con políticas públicas ideadas para su inserción sociolaboral”, ha añadido.
Periódico Digital El País
