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“No nos apartaremos de la legalidad vigente”, insisten en Junts Pel Sí (JxS) al ser interrogados varios de sus miembros por El Confidencial. Pero parece muy difícil que eso ocurra si se sigue la hoja de ruta que ha prometido Carles Puigdemont. Para empezar, la elaboración de las leyes de Proceso Constituyente, de Seguridad Social y de la Hacienda Catalana son inconstitucionales, por lo que no pueden llevarse al Parlamento ni, mucho menos, ser aprobadas por este, ya que no tiene competencias legales para ello. También se truncan las “estructuras de Estado”, como la creación de aduanas o la mismísima Constitución catalana, que pretende sustituir al actual Estatuto y a las leyes españolas.
¿Tienen los independentistas una fórmula mágica para no violentar las normas legales? Al parecer, sí. Consiste en preparar todas las disposiciones legales durante los próximos meses, incluido el redactado de la Constitución. En este periodo tendrá un protagonismo relativo la Comisión del Proceso Constituyente, que el Gobierno central impugnó este viernes ante el TC. Esta comisión, de la que no han querido formar parte el PSC ni Ciutadans, es de estudio, por lo que difícilmente podrá proponer leyes o normas. Aun así, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, subrayó que “tiene efectos jurídicos inmediatos”, de ahí su impugnación. Además, y eso es lo importante, sí puede servir para discutir los caminos que se seguirán para la ruptura definitiva.
En 18 meses no se presentará ninguna ley que pueda suponer una vulneración de las normas. Al final del mismo, se convocarán elecciones “constituyentes”. La estrategia de los independentistas, no obstante, pasa por hacer que en este periodo transitorio (que se pretende que sea de 18 meses), no se presente en el Parlamento catalán ninguna ley que pueda suponer una vulneración de las normas vigentes. Al final del mismo, se convocarán elecciones “constituyentes”. “Estas elecciones serán el referéndum vinculante que no nos han dejado hacer”, explican a El Confidencial fuentes de JxS.
El plebiscito será a cara o cruz, aunque con el formato de “elecciones autonómicas”. Los secesionistas esperan poder ganar esas elecciones y que el conjunto de las fuerzas soberanistas sobrepase el 50% de los votos, con lo que “en ese momento se ha de aplicar la nueva legalidad. El mandato popular será inequívoco y estaremos plenamente legitimados para proclamar la independencia”. La labor del Gobierno catalán será trabajar para lograr aumentar la base social de apoyo a la ruptura en los próximos meses y poder justificar su hoja de ruta. Esa es la única y máxima prioridad del Ejecutivo.
Sin embargo, esa proclamación no será el primer paso: tras la constitución del nuevo Parlament con una mayoría independentista, se aprobarán las leyes que se hayan preparado en esta legislatura y que se tenían esperando en el cajón. Sobre el papel, Puigdemont no habrá infringido ninguna norma, pero será el nuevo Parlamento el que “asumirá el mandato democrático de separarnos de España”.
Ante la obviedad de que las leyes vigentes seguirán siendo las mismas que las actuales, los secesionistas niegan la mayor: ese será el momento de 'partir peras', porque las urnas habrán decidido que Cataluña no quiere seguir en España. El propio Puigdemont, en una entrevista a Regió 7 esta semana, reconoció que “todos decimos lo mismo: que no llevamos en el programa la declaración unilateral de independencia (DUI). Todos decimos que debe haber una pantalla democrática antes de dar el paso hacia un Estado independiente”. Que cada quién entienda lo que quiera.
La portavoz de JxS, la republicana Marta Rovira, admitió que no es necesaria una DUI, sino que se podría recoger la desconexión con España en otro tipo de documento, como una Ley de Transitoriedad Jurídica. Precisamente, esa será la principal norma que se aplicará tras la celebración de las “elecciones constituyentes” o el “referéndum”, como le llaman internamente algunos miembros de JxS, y el paraguas tras el que se cobijarán el resto de medidas rupturistas.
A la coalición que gobierna Cataluña, sin embargo, se le acumulan los problemas encima de la mesa: Anna Gabriel, dirigente destacada del núcleo duro de la CUP, avisó este viernes a Puigdemont de que la resolución aprobada el pasado 9 de noviembre es muy clara y establece las leyes españolas que no han de ser acatadas por la Generalitat, y subrayó: “Es un compromiso, los compromisos están para cumplirlos”. Esa resolución, que preveía el inicio de la desconexión con España, sin embargo, ha sido anulada por el Tribunal Constitucional. Y el Gobierno catalán, al parecer, no tiene intención de saltarse a la torera la sentencia.
El Gobierno catalán tiene problemas que, de momento, son insalvables. Para empezar, no tiene bases de datos de la población.
La hoja de ruta de Puigdemont choca con esa reclamación de sus socios de la CUP, que pretenden que en 18 meses se pueda proclamar a las bravas la separación de España. La pelota está ahora en el tejado de JxS. Tanto el ‘president’ como el vicepresidente, Oriol Junqueras, creen que los 18 meses son una referencia flexible, que pueden ser menos o más, lo que indigna a la CUP, porque sospecha que lo que tratará de hacer JxS es gobernar el máximo tiempo posible sin quebrantar las leyes por miedo a la respuesta del Gobierno español.
Pero también es cierto que el Gobierno catalán tiene problemas que, de momento, son insalvables. Para empezar, no tiene las bases de datos de la población para realizar un censo de la Seguridad Social o de personas físicas y jurídicas en Hacienda. Sin ese instrumento, es difícil que puedan formalizar las principales herramientas de Estado para echar a andar en solitario.
Periódico Digital El Economista
