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PATRIMONIO
El Gobierno pretende recuperar el impuesto de patrimonio, aunque en su contra tiene las numerosas bonificaciones que se aplican en las comunidades autónomas. Por lo pronto, tendrá un carácter indefinido, según recogen los Presupuestos, y no será necesaria su renovación anual. Y para cuantías superiores a los 10 millones de euros el gravamen sube un punto, hasta el 3,5%.
Al margen de lo recogido en las cuentas públicas, el Ejecutivo también ha tomado otras decisiones que van a influir en el impuesto de patrimonio y también en el de sucesiones y donaciones (ISD) y en el de transmisiones patrimoniales. La reciente aprobación del proyecto de ley de lucha contra el fraude fiscal, en trámite parlamentario, incluye un cambio en la valoración de los inmuebles, con la finalidad de aproximarla en la medida de lo posible al valor de mercado, lo que supondrá previsiblemente una fuente adicional de ingresos.
La intención del Ejecutivo es que se tome como referencia el valor que establezca la Dirección General del Catastro, entendida como el precio más probable por el que podría venderse el inmueble. Ese nuevo valor de referencia se basaría “en todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas y formalizadas ante fedatario”, de modo que se calcularía a partir de los precios de las ventas facilitadas por notarios y registradores.
El proyecto de ley antifraude también establece que, en las herencias en vida, los bienes se registren a la fecha y valor original que tenían para el donante, no al del momento del pacto, lo que permitía al heredero vender a continuación sin generar plusvalías.
IMPUESTO DE SOCIEDADES
El Ejecutivo ha retomado el proyecto pactado entre PSOE y Unidas Podemos para limitar las exenciones para el cobro de dividendos y plusvalías que provienen de las filiales de compañías españolas, ya sean nacionales o internacionales. Actualmente, esas aportaciones están sujetas a una exención del 100%, que el Gobierno planea rebajar al 95%. De esta forma, ese 5% de beneficios tributarían al 25% que marca el impuesto.
Los equipos jurídicos de las multinacionales españolas critican la aplicación de ese tributo por las filiales extranjeras, puesto que habría un caso de doble tributación, ya que esas filiales ya pagan en los países donde operan el correspondiente impuesto de sociedades. El Gobierno considera que las grandes corporaciones tienen una presión fiscal demasiado baja. En 2018, el tipo efectivo sobre el impuesto de sociedades fue del 6,6% en las grandes corporaciones. Mientras tanto, en las pequeñas y medianas superó el 15%.
La recaudación prevista con este pequeño cambio en sociedades será de 473 millones de euros en 2021 y de 1.047 millones de euros en 2022.
SOCIMIS
Este tipo de sociedades especializadas en la inversión y gestión inmobiliaria tenían una tributación mínima hasta ahora, al entenderse que eran puros vehículos de inversión, y que sus dueños ya tributaban al cobrar el dividendo. Sin embargo, el Gobierno de coalición quiere que se les aplique un tipo impositivo del 15% sobre los dividendos no distribuidos.
Este régimen fiscal propio de las socimis, a semejanza de la figura internacional conocida como REIT, cuenta con la ventaja de no pagar por el impuesto de sociedades, a cambio de repartir al menos el 80% de los dividendos entre los accionistas (que sí tributan).
La capacidad recaudatoria de esta medida sería muy limitada porque todas las grandes socimis reparten entre sus accionistas el 100% de beneficio contable. El propio Gobierno reconoce en su proyecto de Presupuestos que con esta medida solo ingresarán 10,5 millones de euros. Para muchos analistas, sería una pequeña concesión del PSOE a Podemos, que siempre ha denunciado que las socimis contribuían a la especulación inmobiliaria.
Periódico Digital El País
