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El pasado 30 de marzo, el Gobierno aprobó conceder préstamos, respaldados por el ICO, por un importe de hasta seis meses de renta, y un máximo de 900 euros mensuales. Para devolver la ayuda, los beneficiarios cuentan con hasta seis años, prorrogables hasta 10, una medida con la que el Ejecutivo busca dar oxígeno tanto a los inquilinos como a sus caseros, ya que el 85% son particulares que también cuentan con estos ingresos para poder hacer frente a sus gastos familiares.
Sin embargo, ni para hacer frente a los alquileres de abril ni para los de mayo esta ayuda ha estado lista, ya que el 90% del sistema financiero español continúa sin suscribir el convenio que habilita la concesión de los préstamos, y a través de las patronales, AEB y CECA, el sector continúa negociando con el ICO posibles mejoras que faciliten los trámites que deben llevarse a cabo en las sucursales. "Que no quepa duda de que la banca va a firmar y va a actuar de forma rápida y ágil, pero hace falta que la acreditación no genere ningún tipo de duda para evitar problemas en el futuro", señalan fuentes conocedoras.
El motivo de este nuevo retraso es, por una parte, el mes largo que tardó el Gobierno en organizar con el ICO todo el marco, un retraso que dilató hasta el pasado 3 de mayo la publicación de la orden ministerial y, hasta la semana pasada, se siguieron enviando mejoras al convenio definitivo; y por otra, las reticencias que han mostrado las entidades financieras hacia el sistema finalmente aprobado, debate que sigue dilatando la adhesión de los grandes bancos, hasta que se termine de depurar toda la tramitación y se incorporen una serie de criterios técnicos que se han solicitado.
Entre los aspectos que están dilatando todo el proceso, y que han hecho ver las entidades al instituto público, está la excesiva documentación que se solicita (libro de familia, certificado de empadronamiento en la vivienda, contrato de alquiler, acreditación de no tener vivienda alguna en propiedad ninguno de los inquilinos, número de cuenta del arrendador…) para un préstamo de cuantía tan reducida (máximo de 5.400 euros).
Además, al tratarse de un híbrido entre una línea de crédito (mensualmente, se va ingresando el importe del alquiler) y un préstamo (desde el primer momento, se concede al inquilino la totalidad correspondiente a seis meses de renta), los sistemas informáticos han tenido que adaptarse a este nuevo tipo de producto, con el consiguiente coste para los bancos, para quienes llueve sobre mojado, ya que también han tenido que hacer desarrollos a la medida para los avales a empresas y adaptarse a la moratoria hipotecaria.
Suma y sigue, porque otra casuística propia de esta ayuda es que quien asume la deuda y deberá devolverla es el inquilino, pero el dinero se ingresa directamente en la cuenta del casero, lo que obliga a las entidades a doblar esfuerzos y ser especialmente cuidadosas para no cometer errores. Toda esta problemática ayuda a entender que las pocas entidades que han suscrito el convenio sean fundamentalmente pequeñas, con pocas sucursales y carácter muy local y regional, como Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, Bankoa y Laboral Kutxa. Un grupo al que también se han unido ya Unicaja, Abanca y Liberbank.
“El problema está en que se ha diseñado un modelo muy farragoso, con muchos requisitos, para una cantidad de dinero muy pequeña. Todos entendemos que estos créditos no están para que ganemos dinero, pero también debe entender el Gobierno que, al final, quienes están dando la cara somos los bancos y a quien va a responsabilizar el cliente, ante quien va a protestar, tanto por los problemas para cumplir estas exigencias como, después, cuando se le reclame la deuda, es al banco”, reflexionan desde una gran entidad.
A los problemas informáticos y de carga de trabajo en las sucursales se une otro aspecto, más oficioso que oficial, que tiene que ver con los riesgos. Las entidades financieras dan por hecho que el grueso de estos préstamos va a terminar yendo a mora, lo que limita el interés de los bancos por ellos, y alimenta la prudencia y la petición de garantías antes de firmar el convenio.
Los grandes perjudicados de este nuevo atasco en la concesión de los avales públicos son los caseros, ya que los inquilinos están cubiertos por el escudo que supone la prohibición de ejecutar desahucios durante seis meses, y por el amplio plazo con el que cuentan para solicitar la ayuda. De hecho, los interesados podrán solicitar la ayuda hasta el 30 de septiembre y, posteriormente, cuentan con un mes para formalizarla, plazos que, además, pueden prorrogarse hasta el 30 de noviembre y el 31 de diciembre, respectivamente.
Además, la ayuda se reconoce con carácter retroactivo y empieza a contar desde el pasado 1 de abril. Es decir, que aunque casi el 90% del sector financiero continúe sin firmar el convenio que habilita la concesión de estas ayudas, cuando se pueda, los inquilinos que las soliciten podrán utilizarla para pagar los alquileres a partir de esa fecha.
Una solución para quienes habitan la vivienda, pero no para sus caseros, cuya vulnerabilidad también fue reconocida por el Gobierno, hasta el punto de que detrás de su decisión de activar esta ayuda de esta manera fue evitar que los pequeños propietarios de viviendas en renta se vieran golpeados por la imposibilidad de pago de sus inquilinos. Sin embargo, en el supuesto de tener un inquilino vulnerable, ni en abril ni en mayo se han podido beneficiar de esta solución, y está por ver que llegue a tiempo para el alquiler de junio.
Aunque todas las partes consultadas insisten en defender que en los próximos días se terminará definiendo el acuerdo definitivo y firmando el convenio por parte de toda la banca, todavía pasará un tiempo hasta que estas mejores se implanten y puedan empezar a solicitarse en las entidades, lo que conlleva que será entrado ya junio cuando se pueda solicitar al grueso del sistema financiero... Y eso si no surgen más problemas.
Periódico Digital El Confidencial
