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El Ejecutivo ha logrado mantener intacto, una prorroga más, el frente común con los agentes sociales y alarga el balón de oxígeno, esta vez especialmente diseñado para las empresas más afectadas por la crisis del covid. El coste que está asumiendo el erario público para sostener esta capa del escudo social es significativa y desde el inicio de la pandemia el Ejecutivo ha destinado 22.000 millones de euros, entre exoneraciones y prestaciones por desempleo; según ha detallado el ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
El nuevo esquema que regirá durante los próximos cuatro meses establece tres tipos de ertes. Por un lado, los de rebrote, que mutan a 'ertes de suspensión' y están pensados para todas aquellas compañías afectada transitoriamente por un cierre decretado por la Administración o que arrastran ese cierre desde hace meses (como las discotecas). Por otro, se habilitan los ertes por 'limitación de actividad', es decir, aquellas empresas que tienen 'capada' para de su actividad, como sería el caso de la limitación de aforos en sectores como los teatros.
Y la tercera pata del acuerdo son los ertes por sectores, limitados a una lista de actividades y subactividades que han ido delimitando las partes durante la negociación, como la hostelería, parte del comercio o las actividades turísticas. Por lo que respecta a las prestaciones de los trabajadores afectados, el Gobierno mantiene las mismas cuantías y poder adquisitivo.
Las fotografías de unidad con la patronal y los sindicatos que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, logra procurarle al Gobierno se están volviendo tan habituales como agónicas sus negociaciones. Pese a llegar en el tiempo de descuento, el Ejecutivo logra renovar el mensaje de que se 'faja' bien en el diálogo social con empresarios y trabajadores, tal como se vanaglorió recientemente la vicepresidenta Calvo. No obstante, el pacto ha acabado llegando 'in extremis' y en algunos momentos la patronal ha estado más fuera que dentro del acuerdo.
Pese a que las partes se empecinaron, al menos en lo verbal, en no apurar los plazos, el pacto se ha cerrado a menos de un día de la fecha límite del 30 de septiembre. Y con solo un Consejo de Ministros ordinario de margen. La anterior renovación ya se resolvió con unas prisas similares en los últimos días, hasta el punto que hubo que convocar un cónclave extraordinario para dar salida ejecutiva a lo pactado. El último movimiento de Seguridad Social, que subió en la noche del lunes su propuesta e incrementó las exoneraciones para los ertes por rebrote, ha contribuido a acercar al 'sí' a la patronal.
Las reticencias de la CEOE a secundar una prorroga que discriminara directamente por sectores han sido el principal escollo para alcanzar un acuerdo. "Este acuerdo protege, salva y defiende a todas las empresas y a todos los trabajadores de este país", ha declarado la ministra de Trabajo este martes tras el Consejo de Ministros. Finalmente los de Garamendi han acabado por dar su apoyo a las condiciones perfiladas a tres bandas entre el Ejecutivo y los sindicatos. La posibilidad de que la patronal rompiera por primera vez con el Gobierno en el diálogo social se ha desvanecido y el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado otro texto con la complicidad de patronal y sindicatos.
LAS CLAVES DE LA NEGOCIACIÓN
El Ejecutivo y los agentes sociales han rubricado la extensión de los incentivos de los ertes de la covid hasta el 31 de enero, para así esquivar una nueva negociación sobre el filo de Navidad. El resto de fechas que se plantearon inicialmente en las conversaciones, como junio del 2021 que pedía la CEOE, se han ido cayendo y ha primado el criterio del Ejecutivo, que gusta de revisiones trimestrales.
Las condiciones de esta renovación están especialmente enfocadas a aquellos sectores o subsectores especialmente damnificados por la crisis del covid, con el turismo, el ocio o las celebraciones (bodas o comuniones) como protagonistas. Los pesos pesados del Ejecutivo en cuestiones económicas (desde la vicepresidenta Calviño, hasta Escrivá) ya marcaron las cartas con las que arrancó la negociación. Es por ello que se elimina el formato de ertes anterior, en el que cohabitaban ertes de fuerza mayor y 'etops' y se activa uno nuevo. En este, las empresas en erte de las actividades más perjudicadas por la pandemia serán exoneradas de entre el 85% y el 75% de las cotizaciones sociales de sus empleados.
Esas empresas ubicadas en la 'uci' con respiración asistida que podrán adherirse a dichas ayudas lo definirá una lista de CNAEs (clasificación nacional de actividades económicas) que han consensuado entre Ejecutivo y agentes sociales. Dicha lista concreta será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que dará cuerpo al real decreto presumiblemente el próximo miércoles. Y a las compañías de dicha lista podrán sumarse otras ajenas al listado, pero que puedan acreditar que más del 50% de su facturación depende de firmas que sí están en la lista. No todo el comercio está en esos CNAEs, uno de los elementos que ha provocado las reticencias hasta última hora de la CEOE.
Para los 'ertes de suspensión' se contemplan exoneraciones del 100% para empresas de 50 o menos empleados o del 90% para las de más de 50 trabajadores. Y para las que tienen una limitación de su actividad, pero pueden reabrir las exoneraciones para las empresas con 50 o menos trabajadores serán del 100% en octubre, del 90% en noviembre, del 70% en diciembre y del 60% en enero. Y para las firmas con una plantilla superior a dicha cifra, los porcentajes serán del 90% en octubre, del 80% en noviembre, del 60% en diciembre y del 50% en enero.
Con estas fórmulas se flexibiliza la cobertura y el Gobierno logra calmar el antagonismo que desde el inicio han manifestado los agentes sociales respecto a la discriminación por sectores concretos. Especialmente entre la CEOE, que es el actor que más se ha resistido dar su 'ok' al acuerdo.
PODER ADQUISITIVO INTACTO
Una de las líneas rojas de los sindicatos y que ha acabado haciendo suya el Gobierno ha sido el mantener intacto el poder adquisitivo de los trabajadores en erte, ya mermado por los meses que acumulan en suspensión. Pues a la normativa laboral, heredada de la última reforma del PP, contempla que una persona que cobre prestación de paro durante más de seis meses ve disminuir al séptimo su prestación. Del 70% de la base reguladora al 50%. Finalmente, y salvo cambio sorpresa de última hora, el real decreto del Gobierno tendrá una disposición adicional que garantice que la paga continuará al 70% de la base reguladora.
Otro elemento de pugna inicial, pero sobre el que ya se ha cuajado un consenso es en la renovación del ‘contador a cero’. Pese a que Yolanda Díaz planteó inicialmente no renovarlo, debido a las limitaciones presupuestarias con las que negocia el Gobierno, finalmente este será prorrogado y toda persona en erte que pierda su empleo antes o durante el 2021 tendrá garantizada su prestación durante dicho ejercicio. A su vez, la cláusula de despidos limitados durante los primeros seis meses del expediente continúa en pie en el nuevo acuerdo y se habilita una prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos que hayan pasado previamente por un erte.
El Periódico Digital
