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En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, Planas ha explicado que con esta decisión, el Gobierno "adapta la legislación española a la directiva europea" y se atienden las reivindicaciones de los agricultores durante las movilizaciones del pasado mes de febrero.
"Es un proyecto de ley que fomenta la innovación en la cadena, un reparto más justo del valor y un paso adelante", ha asegurado el titular de Agricultura.
Planas ha resaltado que la reforma de Ley de la Cadena Alimentaria pretende "dar mayor transparencia al funcionamiento de la cadena alimentaria y a la formación de precios, lograr un equilibrio en todos los eslabones (productores, supermercados e industria) y proteger al más débil, al agricultor y al ganadero".
De esta forma, la nueva norma completa los cambios introducidos por el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación, e incorpora en esta segunda fase al ordenamiento nacional la Directiva europea 2019/633 relativa a las prácticas comerciales desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrícola y alimentario.
NOVEDADES
Entre las novedades, ha destacado que cualquier transacción de los operadores de la cadena que en parte se haya producido en España tendrá cobertura en toda la Unión Europea. Esto significa que un exportador español de frutas y hortalizas podrá tener protección en operaciones con cualquier comprador de cualquier destino de otro país comunitario.
Amplía los productos cubiertos por la ley, de manera que a los primarios (agrícolas y ganaderos) se añaden también los alimentos transformados, como el pan, el chocolate o la cerveza. La modificación legal también extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios y amplía las prácticas prohibidas, que entran en una "lista negra", por ser contrarias al "comercio leal", e incorpora nuevas infracciones sancionables.
Otra novedad es la inclusión de nuevas obligaciones en el contrato, por operaciones de un mínimo de mil euros, que ahora afectan a las relativas a un importe de 2.500 euros.
En el caso de las cooperativas, Planas ha detallado que podrán sustituir eventualmente el contrato escrito por una "prescripción" y reglas claras sobre los plazos de pago, las referencias de precio y entrega para socios cooperativistas.
El proyecto ha sido objeto de informe por parte de las Comunidades Autónomas, el sector, la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Estado.
ENTRARÁ EN VIGOR EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2021
El titular de Agricultura, Pesca y Alimentación ha señalado que la tramitación parlamentaria de la nueva norma se concluirá en el primer periodo de sesiones de 2021 con el objetivo de cumplir el plazo previsto por la directiva europea y que entre en vigor previsiblemente el 1 de noviembre de ese año.
"Este es un proyecto que tiende a fomentar la innovación y la competitividad de la cadena, a tener un reparto más justo del valor y de cómo se retribuye a cada elemento de la cadena. Es un paso adelante de un sector que es altamente competitivo", ha subrayado.
Asimismo, Planas ha subrayado el compromiso del Gobierno con el mundo rural y su transformación, por lo que ha avanzado que la intención para completar esta legislación es llevar al Consejo de Ministros en el primer trimestre del próximo año un proyecto de ley para el desperdicio alimentario, que, a su juicio, es el complemento necesario para que el sistema alimentario funcione de forma correcta.
La anterior Ley de la Cadena Alimentaria fue aprobada en 2013.
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