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El ministro de Justicia, Rafael Català, presentó este lunes, en los juzgados de Cuenca, el plan de desarrollo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que en los próximos meses será una realidad en toda España.
Una independencia no independentista. Esa es la paradoja del laberinto catalán. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, lo ha dicho varias veces: no habrá declaración unilateral de independencia, no se violentará la legalidad vigente… pero Cataluña conseguirá ser un Estado fuera de España. ¿Mentira absoluta, encaje de bolillos o la cuadratura del círculo? Parece ser más bien lo último, el no va más de las teorías políticas de apariencia imposible.
El Gobierno ha puesto el turbo en el proceso de transformación del país. En sus primeros cien días, ha acometido tres reformas imprescindibles para Bruselas y aplaudidas por Berlín: la ley de estabilidad presupuestaria, la reforma financiera y la reforma del mercado laboral.
El pasado día 6 de octubre de 2015, se publicó la Ley 42/2015, de modificación parcial de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la que se aprovechó para, entre otras cuestiones, modificar el artículo 1964 del Código Civil español referente a la prescripción de las acciones personales.
Desde el Gobierno se defiende la nueva norma como «profundamente democrática», que tiene un objetivo: «el normal desarrollo de la vida en libertad de todos».
Las empresas en situación de concurso de acreedores van a tener más facilidades para pagar sus deudas con Hacienda gracias a una Instrucción recientemente aprobada por la Agencia Tributaria que va a permitir la suscripción a estos efectos de los denominados acuerdos singulares previstos en los artículos 164.4 de la Ley General Tributariay10.3 de la Ley General Presupuestaria.
El Departamento catalán de Justicia no cobrará tasas judiciales a los ciudadanos y a las pequeñas empresas, según un acuerdo que hoy ha alcanzado con representantes de los abogados y procuradores de la comunidad.
El Ayuntamiento de Barcelona se ha aferrado a la ley del Derecho a la Vivienda que acaba de entrar en vigor para intentar poner orden en uno de los sectores que más problemas de convivencia ocasionan: los apartamentos turísticos. Una medida de gobierno que se aprobará en el pleno municipal del viernes establece que sólo los que estén en el registro de la Generalitat podrán de momento seguir trabajando, previa licencia municipal. Son concretamente 1.347 y quedan fuera del paquete los 1.190 de Ciutat Vella, que tienen consideración especial.
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