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El Consejo de Ministros, ante la urgencia de proteger los derechos relativos a la privacidad individual de los ciudadanos, en su aspecto más amplio, ha optado por ajustar y modificar el régimen sancionador en materia de protección y tratamiento de datos personales, sin estar debidamente aprobada la ley respectiva en la materia.
El pasado 24 de Julio del 2018, la Dirección General de los Registros y del Notariado, ha dado un paso en favor de la digitalización a fin de obtener el máximo provecho sobre el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el funcionar cotidiano de las entidades y dependencias de la Administración Pública.
El pasado 19 de julio de 2016, el Pleno del Tribunal Constitucional estimó admitir a trámite los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Gobierno de Cataluña contra la ley suprema en lo referente al ámbito Contencioso – Administrativo de nuestro país, como es la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El Gobierno Catalán entiende que esta ley invade competencias autonómicas asignadas a las propias comunidades autónomas relativas a la organización, el régimen jurídico y el procedimiento de las propias administraciones públicas.
Un total de 28 despachos jurídicos se unen en un valioso esfuerzo de carácter social, al cristalizar la iniciativa que en 2016 impulsó el Vance Center de Nueva York.
Esa cifra es el total de firmas que sellan un histórico acuerdo para conformar el grupo de trabajo que crea la Fundación Pro Bono en suelo ibérico.
El nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) tiene nuevos requerimientos y obligaciones. Supone un cambio importante en cuanto al modelo tradicional, a la hora de afrontar las medidas de seguridad para garantizar la protección de la información personal.
Desde el 25 de mayo pasado, existe en España y en toda la Unión Europea una nueva normativa que regula la protección de datos de los ciudadanos. Esta nueva reglamentación ha cambiado de forma importante los criterios de protección. Las empresas que no respeten la nueva ley tienen el riesgo de recibir sanciones millonarias. Las multas podrán alcanzar los veinte millones de euros.
El Tribunal Supremo ha fijado un criterio importante, en cuanto a las limitaciones temporales que se pueden incluir en un contrato de seguros de responsabilidad civil.
En enero del presente año 2018 se han puesto las bases para la entrada en vigor de un libro del Código Civil de Catalunya. Se trata del libro VI de dicho Código, que anuncia relevantes modificaciones en el Derecho Inmobiliario vigente en esa región. Entre otras cosas, se proponen cambios en los contratos y en las obligaciones previstas en los libros primero, segundo, tercero y cuarto.
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